Cómo afectará la Derogación de la Reforma de la Ley del Alquiler
- marzo 4, 2019
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El congreso acaba de derogar la última reforma que se formuló sobre la legislación de los arrendamientos urbanos con el Real Decreto... Leer más
Lo primero de todo es definir bien que es un okupa y se entiende por okupa: aquella persona que vive ilegalmente en una vivienda deshabitada.
Esta definición es fácilmente confundible con la del movimiento okupa, aunque ambas no tienen nada que ver, puesto que la definición del segundo concepto es:
«El movimiento okupa es un movimiento social que toma terrenos desocupados y viviendas vacías temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión o como centros para fines sociales, políticos y culturales.»
El motivo principal de este movimiento es denunciar y a la vez responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para hacer efectivo el derecho a la vivienda a costa del derecho a la propiedad privada.
Una vez dejado claros ambos concepto pasamos a ver los pasos que son necesarios para echar un okupa.
En primer lugar, muchas paciencia, ya que este trámite conlleva una denuncia, contratación de un abogado y meses de espera con el consiguiente sufrimiento.
Desalojar a un okupa no resulta nada fácil para un particular: suele tener un coste medio de unos 2.100 euros más el dinero que deja de percibirse por el alquiler de la vivienda y más la reparación de los desperfectos, pues en general suelen dejar la vivienda inhabitable.
El principal miedo de cualquier propietario es que su casa sea ocupada tras quedarse sin inquilinos.
Los expertos recomiendan evitar colgar el cartel de “se vende” para no dar pistas. Además, hoy en día casi todo el mundo busca piso por internet.
Para un particular que le okupen su vivienda es un auténtico drama, aunque se puede evitar en cierto modo.
Si las fuerzas del orden ven la perpetuación del delito, es decir, ven a los okupas entrando en la vivienda, están en la obligación de evitarlo. Si la puerta del inmueble está abierta, pueden acceder y requerir el desalojo.
Si no es así, podemos recurrir a dos vías:
Normalmente, el tiempo que transcurre desde que el propietario interpone la demanda de desahucio por precario hasta que se produce el lanzamiento con una orden judicial es de unos ocho meses de media.
Y los costes se disparan pudiendo suponer de media:
Éste el coste de acudir a la vía legal pero también existe una vía “no legal” ya que la mayoría de los okupas buscan dinero a cambio de abandonar la casa.
Cada vez hay más empresas que se dedican a comprar pisos de bancos con okupas porque pueden adquirirse un 50% más baratos que el precio de mercado.
Y el precio que se suele pagar por desalojarlos es de unos 3.000 euros de media aunque en algunos pueden llegar a pedir 4.000 y en otros 1.200 euros.
Otro coste añadido es la colocación de una puerta “antiokupa” que puede costar entre 800 y 1.000 euros.
Suelen ser puertas blindadas que pueden desmontarse y llevarse a otra casa. En la actualidad, hay puertas que no incluyen cerradura, con lo que se abren a través de una aplicación del móvil.
Lo común en la práctica de los okupas no es asaltar un piso de un partícular, puesto que este se persona contra él y le dirige amenazas.
La fórmula más practicada es la ocupación de pisos de bancos porque saben que estas entidades no van a llevar acaba este tipo de acciones por no poner en riesgo su reputación; esta entidades optan directamente por la vía judicial para desahuciar al okupa.
El tiempo para desalojar a un inquilino moroso se alarga porque el casero suele tener más paciencia ya que al fin y al cabo si el arrendatario deja de pagar suele ser por problemas económicos.
El tiempo que transcurre desde la interposición de la demanda por impago hasta que se produce el desahucio es de unos 12 meses y el coste que supone para el propietario también es distinto:
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